El
Gobierno quiere acabar con una interpretación de la ley Concursal que estaban
aplicando los jueces. Cuando se producía la venta de la productiva de un
negocio o empresa en fase concursal, la parte compradora se hacía cargo de las
deudas con la Seguridad Social de la misma.
Tras
la reforma, los jueces interpretaban que al ser una norma supletoria, podría
decidir si aplicarla o no. Esta situación es la que el Gobierno pretende
eliminar. Sin embargo choca con la legislación de la UE, que ha dictado sentencia
dejando claro que las deudas con la Seguridad Social no se heredan.
La
medida del Gobierno pondría las cosas imposibles para la venta de la unidad
empresarial, con el resultado de mayor destrucción de empleo y las
consecuencias económicas para la Seguridad Social. Por lo tanto sería una
medida contraproducente si lo que se pretende es mantener el empleo.
Este
no parece ser el camino para facilitar que empresas con dificultades se
mantengan abiertas. Sobre todo porque teniendo en cuenta el decreto de segunda
oportunidad, con quitas y periodos de carencia para cobrar de hasta 10 años
parece que los que acabar p
agando los platos rotos, como siempre, serán las
empresas y autónomos acreedores de la empresa con problemas.
De
esta manera no se soluciona el problema de las empresas que entran en concurso
de acreedores, sino que se añade el hecho de que otras empresas que son
acreedoras entren en dificultades. Por lo tanto se crea así un circulo vicioso
de destrucción de empleo que desde luego no es el camino para incentivar la
economía, ni la solución para las pymes y autónomos.
Comunicación Arias y Asociados
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