Legislación Coercitiva

Os envió este artículo que define una parte de lo que empieza a ser una privación de derechos fundamentales. 

Una cosa es perseguir el fraude y otra bien distinta tratar de resolver la ineficacia en la inspección con legislación coercitiva, considerando al ciudadano culpable en todo caso. Privándole de sus recursos económicos con embargos preventivos y exigiéndole que se defienda, eso si, sin medios.

Espero que iniciemos recursos inmediatamente para frenar estas tropelías 

Esto no es luchar contra el fraude fiscal, esto es expoliar al ciudadano. Montoro se está convirtiendo en un señor feudal al que apoya su REY. 

Más que lamentable 
M A Arias

FUENTEJAUME VIÑAS - MADRID - 31/10/2012 -CINCO DÍAS

Casi 1.000 contribuyentes están siendo inspeccionados a raíz de un chivatazoLa Agencia Tributaria inicia un 54% más de inspecciones por soplos

La Agencia Tributaria ha iniciado en lo que va de año 997 inspecciones a raíz de denuncias recibidas de particulares y empresas. Supone un 54% más que la cifra registrada durante todo el año anterior. No todos los soplos que llegan a Hacienda implican el inicio de una inspección. Sin embargo, fuentes de la Agencia Tributaria indican que las informaciones que reciben, muchas de ellas anónimas, cada vez son de mayor calidad.

Existe una mayor conciencia fiscal. Con este argumento justificaron ayer fuentes de Hacienda el aumento del número de denuncias de particulares y empresas que revelan a la Agencia Tributaria fraudes cometidos por terceros. Entre enero y octubre, Hacienda ha iniciado 1.000 inspecciones que tuvieron su origen en un soplo, frente a las 646 de todo el año anterior o las 610 del ejercicio 2010.

No solo aumenta la cantidad, sino también la calidad de los datos remitidos por los denunciantes que, en la mayoría de casos, conocen muy bien al defraudador. Ello indica que, además de conciencia fiscal, las denuncias incorporan un importante elemento de venganza o ajuste de cuentas.

Si bien Hacienda siempre da más importancia a los denunciantes que se identifican, también recibe informaciones anónimas. La figura del chivato fiscal se refuerza en la nueva ley contra el fraude que el martes publicó el BOE. Entre otras medidas, se prohíben los pagos en efectivo superiores a 2.500 euros en operaciones en las que intervenga un empresario o profesional. Esta medida entrará en vigor el próximo 19 de noviembre y la web de la Agencia Tributaria habilitará un formulario para que los contribuyentes puedan denunciar vulneraciones de la normativa. La ley establece que serán responsables del incumplimiento del límite de 2.500 euros tanto que el que paga como el que recibe. Sin embargo, si una de las partes denuncia el hecho ante Hacienda quedará exonerada. La sanción asciende al 25% del pago realizado en efectivo. Por ejemplo, si un particular abona a un fontanero 3.000 euros en efectivo y Hacienda lo descubre, la sanción ascenderá al 25% de esos 3.000 euros (750 euros). Ambos contribuyentes responderán "solidariamente" a la sanción. Ello será así salvo que uno de ellos se convierta en un chivato fiscal y denuncie la infracción en los tres meses siguientes de haberse producido.

El límite de 2.500 euros no rige para los no residentes fiscales, cuyo límite se amplía a 15.000 euros. Es decir, un alemán que aterrice en España por turismo o que tenga una segunda residencia en la costa puede abonar hasta 15.000 euros en efectivo sin vulnerar la normativa. El límite del pago en efectivo es solo una de las medidas incluidas en la nueva ley contra el fraude fiscal que ayer presentaron ante la prensa el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, y la directora de la Agencia Tributaria, Beatriz Viana.

La mayor novedad es la aprobación de una nueva declaración que obligará a los contribuyentes a informar de cuentas bancarias, activos financieros y viviendas que tengan en el extranjero. La medida resulta relevante ya que el incumplimiento de esta ley supondrá imputar los bienes no declarados como ganancia patrimonial, lo que supone tributar a tipos superiores al 50%. Por otra parte, para asegurar el cobro de la deuda tributaria, la normativa facilita la adopción de medidas cautelares como los embargos. También se restringe el régimen de módulos por el que tributan buena parte de los autónomos.